El IX Congreso Internacional de Protocolo reclamó una nueva cultura ceremonial conforme a la modernidad.

El protocolo es una herramienta dinámica que debe alimentarse de otras ciencias y convertirse ella misma en vanguardia de modernidad y adaptación, sin perder sus objetivos de lograr la excelencia de las instituciones y entidades. He ahí la principal conclusión desprendida de los tres intensos días del IX Congreso Internacional de Protocolo recientemente celebrado en Campos de Jordâo, en Brasil.
Más de seiscientos asistentes,la viveza de las intervenciones, la novedad de las propuestas, el elevado tono científico de las comunicaciones, hacen del IX Congreso Internacional de Protocolo un acontecimiento del que se tendrá que hablar durante mucho tiempo dejando un interesante aporte de documentos para el estudio, la ampliación y la aplicación práctica.

Del 3 al 5 de noviembre, se solaparon el encuentro internacional y el XV Congreso de Ceremonial Público. La Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo y el Comité Nacional de Ceremonial Público de Brasil trabajando en estrecha colaboración y unidad de objetivos pusieron en marcha un evento de elevadísimo contenido doctrinal y práctico. Y si bien la comunidad iberoamericana era la más numerosa por el número y variedad de representaciones nacionales, destacó asimismo una nutrida representación europea, no solamente de España y Portugal, sino de otras naciones del continente.

Resultó especialmente emocionante y significativo el homenaje que el mundo del protocolo brasileño y mundial rindió a Nelson Speers, presidente de honor de la OICP, en cuyo entorno se reunieron los más cualificados especialistas de mundo del protocolo, en Brasil y sus entidades más representativas. En esta actividad, que cerró el congreso, se hizo un llamamiento a la armonía universal, ideal de convivencia y relación de los pueblos, las instituciones y las personas, de las que el protocolo es herramienta.


Uno de los aspectos de mayor trascendencia de este congreso es que ha permitido contrastar las viejas costumbre y usos del protocolo europeo con las nuevas propuestas de las sociedades y culturas de Iberoamérica. Los equipos de trabajo que coordinaron el presidente de la OICP Jorge Daniel Salvati y del Comité Nacional de Ceremonial Pública de Brasil José Afonso Carrijo Andrade, diseñaron un congreso polivalente, en el que se ofertaron a los congresistas diversas opciones, casi a la carta, para elegir aquellos contenido que más convenían a sus intereses profesionales.

En algunos talleres y puestas en común, se repitieron debates sobre aspectos que en Europa llevan muchos años superados. Por el contrario, son de destacar por su novedad y solvencia las aportaciones de Isabel de Amaral (La estrategia de la negociación con China), Gerardo Correas (El protocolo empresarial), Héctor Marcovecchio (La toma de posesión de los presidente de los países Iberoaricanos), el protocolo diplomático español o los contrastes del protocolo universitario. Carlos Fuente moderó un debate sobre las aportaciones que el ceremonial brinda al desarrollo sostenible, además de una muy actualizada exposición sobre evolución y tendencia en el protocolo europeo, en tanto Javier Carnicer, jefe de protocolo de las Cortes de Aragón, sorprendió a todos al exponer, con sus habituales y originales apoyos informáticos, su reciente experiencia en la Exposición Universal de Zaragoza.

Por mi parte me correspondió realizar un estudio sobre el discurso como elemento de los actos protocolarios y su evolución y reglas, desde el clasicismo a la eficacia moderna. Particularmente destacada por su rigor y contenido científico fue la ponencia de María Teresa Otero Alvarado sobre la historia y evolución del ceremonial y el protocolo. Un notable trabajo de documentación que mereció elogios y aplausos del público, especialmente complacido por su aportación.

Entre los elementos de mayor contenido didáctico de este congreso, resaltaron los estudios sobre diversas cumbres internacionales en el cono Sur americano o la capacidad creativa para la creación de nuevos escenarios, cuyo ejemplo referente fue y será los diversos ambientes utilizados para las diversas secuencias de actos y ceremonias de la firma del Tratado de Lisboa.

De elevado nivel fueron asimismo los desayunos de trabajo con especialistas y todas las aportaciones que, con diversos formatos, abordaron todas las cuestiones de actualidad en torno al ceremonial y al protocolo internacionales.

En el acto inaugural, la secretaria del comité ejecutivo del Congreso Eliane Ubillús rindió un sencillo homenaje de recuerdo a la ex presidenta de la Asociación Española de Protocolo, María Carretero, en cuyo recuerdo fue depositada un rosa blanca en un sillón vacío, en tanto se le dedicaban unas hermosas palabras: "María siempre tendrá la precedencia en nuestros corazones y ocuparás la primera plaza en todas las plateas del mundo".

El caso Marichalar y el interés público de los que viven del público

La deficiente calidad periodística de un pretendido reportaje como el que publica el Semanario “Época” en el número 1.213, correspondiente a la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008, sobre el proceso de separación de la mayor de las hijas del jefe del Estado, no debe distraernos de la cuestión de fondo: los avatares de la familia de Su Majestad Católica (olvidada advocación de la Corona de España) y la pródiga suerte del numeroso clan, donde tanto las infantas alcanzan empleos remunerados por encima de la media de los españoles con mejores sueldos, y sus cónyuges –ninguno de los cuales es duque de nada, sino consorte de una duquesa, de título personal y no transferible- que gozan hoy en día de sendas fortunas y repetidos cargos, empleos, prebendas, sinecuras, consejerías y otras regalías que más concuerdan con el lecho del tálamo nupcial que el destino les deparó que su preparación, saberes o experiencia.
La infanta Elena, que viene a ser algo así como una maestra nacional mejorada, va a percibir en Mafre un sueldo que cuadriplica, por ejemplo, lo que gana al año un catedrático de Universidad. Su hermana superó hace tiempo esa barrera en La Caixa, en tanto uno pierde la cuenta de los lugares donde abreva la nómina del señor Marichalar o los negocios e intereses del señor Urdargarín.
Y esto no es una cosa privada sin más. Trae causa de la condición de ambos "excelentísimos señores", como las dos hijas del Rey deben sus empleos a su condición. ¿O es que alguien puede pensar otra cosa?
No sabemos ni hemos sabido nunca a cuánto asciende la paga que su augusto padre les dispensa con el dinero que recibe los españoles y del que nunca ha dado cuenta, puesto que dispone de él libremente (hablamos de los 9 millones de euros año), sin contar lo que pagan los ministerios de Transportes, Defensa, Interior, Cultura y otros por cuenta de los españoles a beneficio de la Corona.
Los funcionarios públicos no podemos ejercer trabajos privados. Excepcionalmente, los profesores, podemos dar un número limitado de conferencias o clases fuera de las aulas públicas, previa declaración jurada de ingresos y cumplimiento riguroso de un expeditivo reglamento.
¿Cómo es esto de que los miembros de la Familia Real gocen de tan descomunal excepción: cuando toca ser princesas o infantas, una cara; cuando toca ser ejecutivas, otra. ¿Y los yernísimos?
Lo más granado del periodismo cortesano ha arremetido estos días contra el reportaje de “Época”, como si ahora resultase que la vida privada de quien vive del erario público o se beneficia de una condición que los avatares de la historia, que no los ciudadanos, les han proporcionado, no tuviera interés o debiera quedar al margen del conocimiento de los contribuyentes que pagan la lista civil de su Majestad.
El que la primogénita del Rey católico ande en lances de separación, nulidad, divorcio o esa meliflua cesación de convivencia es asunto que interesa conocer a los ciudadanos, no en vano, la Infanta Elena ocupa lugar destacado en la sucesión de la Monarquía instituida por los vencedores de la guerra civil, luego reformada, cierto; pero cuyo origen es el que es. Luego de la graciosa finta con que la Casa de su Majestad Católica arregló el asunto aquel del previo matrimonio y divorcio de la que luego sería consorte del Príncipe de Asturias, convirtiendo en fervorosa comulgante a una chica de su tiempo, cuyos colegas de profesión tenían por acatólica, no se vio nada igual como la posibilidad de que la católica infanta en cese del débito matrimonial acuda o pudiera acudir al Padre Santo para que desate lo que Dios había unido, a cuenta de los españoles, el espectacular reportaje televisivo en la catedral de Sevilla, con la llorada Pilar Miró como realizadora.
Así que el asunto interesa. Lo mismo que la suerte del que fue elevado al rango de gran economista desde su empleo de oficial de una sucursal bancaria en París, incluida la mentira de la Casa Real que llegó a atribuirle unos estudios de Económicas que nunca realizó. Digo la suerte de este señor, que se paseaba en patinete por la calle Serrano, escoltado por los escoltas que le pagamos los españoles y que mejor estarían ocupándose de la seguridad pública.

¿Cuánto cuesta a los contribuyentes las holgadas vacaciones de la Familia Real?

Uno de los grandes misterios de la política nacional es conocer cuántos días al año dedica a la actividad laboral que le es propia el monarca reinante. Cacerías, viajes diversos más o menos justificados, vacaciones de todo tiempo y lugar, deportes de nieve en su tiempo y de vela todo el año, orlan el calendario del sucesor del Caudillo a titulo de Rey. Incluidas las escapadas románticas, por supuesto.
Oficialmente, el sostenimiento de la Casa Real cuesta a los ciudadanos del orden de los 9 millones de euros anuales. Pero eso no es cierto, ya que se reconoce que incluidos los servicios y prestaciones que diversos ministerios (desde Transportes a Interior) sirven a la casa de los Capeto, la cosa se pone en 23 millones de euros más o menos. Dejando de la lado que seguimos sin saber cuánto nos costó la boda de Felipe con Letizia, la monarquía no nos sale precisamente barata.

Hace años, el hijo de la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher se perdió en una excursión por África. En el Parlamento, tanto los miembros de su propio partido como de la oposición coincidieron al advertir que Scoland Yard, que la premier alertó para buscar a su hijo, no estaba precisamnte pensada para buscar a un play boy frívol, sino para atender las necesidades de los ciudadanos, por lo que la "Dama de Hierro" tuvo que contratar a un detective privado.

La progresiva extensión de la familia Borbón, sus parientes e invitados requieren cada verano un progresivo despliegue de efectivos policiales en los sucesivos círculos de su seguridad. ¿Se imaginan lo que debe costar la nómina de tanto personal incluidas las prestaciones complementarias que les asisten, pluses y demás dietas?

La Armada -que no puede proteger de los piratas a los marineros españoles que faenan en el Índico- mantiene una base en Mallorca con la única finalidad de guardar el buue de recreo que los empresarios locales regalaron a Juan Carlos, y despliega todos los veranos unn dispositivo naval de seguridad para que la familia, extensa, holgue sin sobresaltos.

¿Quién paga todo esto?

Reabrir el "Caso Mitrofán" es un flaco favor a la imagen de Rey

Los jueces Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Mª de los Ángeles Barreiro acaban de hacerle un flaco favor a la monarquía al ordenar al juez Grande-Marlaska reabrir la causa, ya archivada, por injurias contra el Rey por los artículos sobre la caza de un oso borracho en circunstancias penosas. De entrada, los españoles volveremos a preguntarnos por los excesos cinegéticos del Borbón reinante y con ello el deseo de saber cuántos días realmente trabaja o se dedica a actividades que no sea el puro placer de vivir.

Dios nos libre de defender o proclamar que la Libertad de Expresión que consagra el artículo 20 de la Constitución es una patente de corso que lo justifique o ampare todo exceso, ni mucho menos el insulto innecesario, la injuria grosera o no o la persecución sistemática de una persona conocida. Ciertamente, los abusos tienen que ser corregidos y la fama, la imagen o la intimidad protegidos.

Sin ir más lejos, en el reciente asunto de Telma Ortiz, la hermana de la esposa del joven Capeto se equivocó de lleno en cuanto al modo y medida para requerir la protección jurisdiccional de su derecho a administrar su propia imagen. Y sin embargo, más allá del revuelo organizado, es indudable tiene pleno derecho a requerir que se respete el propio ámbito de su intimidad personal y familiar frente a la desbocada tropa de reporteros de asalto que pueblan las agencias de donde se nutren los programas basura del país.

Tampoco se justifica per se el ataque desmedido a un cargo público, sea el alcalde de Madrid o cualquier otro cargo público, más allá de los límites de la crítica a su gestión y el respeto a su persona. Lo que, a nuestro entender, pierde a Jiménez Losantos no es tanto lo que dice, sino como lo dice; el tono, el metalenguaje, la fórmula, el estilo.

Pero en el caso que nos ocupa, la crítica humorística al oscuro episodio de la cacería sospechosa de Juan Carlos, no nos parece, a nuestro entender que merezca el reproche judicial, por mucho que moleste el asunto a leales súbditos, edecanes, turiferararios o gestilhombres togados de cámara. Así que debe discreparse de la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en cuanto ordenar al juez Fernando Grande-Marlaska que reabra la causa contra los dos humoristas gráficos Josetxu Rodríguez y Javier Ripa, y el articulista Nicola Lococo, acusados de un delito de injurias graves contra la Corona, por la publicación en el diario 'Deia' de un artículo y una fotocomposición sobre la caza del oso 'Mitrofan' por parte del Rey Don Juan Carlos en octubre de 2006.

La Sala considera que los artículos y el montaje "se alejan de la sana controversia y se centran en la figura del monarca, con dosis de difamación". El escrito incluye varios ejemplos como la inclusión en los reportajes del término "mequetrefe" en alusión al monarca --que ataca la autoestima, indica-- y la expresión "el rey de copas", que parece denunciar, dicen los magistrados, "un hábito tóxico".

Los jueces Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Mª de los Ángeles Barreiro destacan también que los artículos califican a Don Juan Carlos como "sanguinario turista reincidente" lo que puede suponer "un ataque a los valores morales" de la figura del Rey dada su relevancia como Jefe del Estado, lo que conlleva "un descrédito ante la ciudadanía". El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó el pasado mes de abril la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los dos periodistas al considerar que sus artículos se encontraban amparados por "el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión", a pesar de afectar a la más alta institución, en este caso la Corona. En su opinión era necesario tener en cuenta que las dos "obras periodísticas" se elaboraron "haciéndose eco de hechos que habían sido objeto de comunicación en diversos medios informativos". Además, el juez destacaba que tanto el artículo 'Las tribulaciones del oso Yogi' como la fotocomposición se publicaron en el marco de un suplemento humorístico de 'Deia', denominado 'Caduca Hoy'.

Una historia que se repite

En octubre de 2004, Juan Carlos I pasó un fin de semana disparando contra osos y otros animales durante una estancia en la región de Covasna, al pie de los Cárpatos, alojándose en un antiguo chalet del dictador Ceausescu. La noticia provocó un escándalo en Rumanía. En 2006 se repetía una historia similar. En octubre de ese año, la prensa de Moscú recogía las denuncias de un responsable medioambiental ruso que denunciaba la “abominable puesta en escena” para la caza de un oso llamado “Mitrofan” por parte de Juan Carlos I.

Según las acusaciones, “Mitrofan”, un oso de un centro turístico, fue “emborrachado con abundante vodka mezclado con miel y obligado a salir al campo”, donde se convirtió en un tiro fácil para el rey. Junto a las críticas de grupos ecologistas, que recordaron que los osos son, en muchos países especies en vías de extinción, numerosos articulistas de toda Europa glosaron la parte grotesca del incidente.

Según la propia agencia EFE, el gobernador de la región rusa de Vólogda, Viacheslav Pozgaliov, ordenó investigar todas las circunstancias de la cacería que tuvo lugar durante la visita privada del rey Juan Carlos. En Madrid, la Casa del Rey confirmó que el monarca había estado cazando en Vólogda, pero calificó de "ridículas" las versiones sobre este asunto.

"La cacería del Rey fue todo un espectáculo", escribió en una carta a Pozgaliov el subjefe del departamento de Protección y Fomento de Recursos Naturales de Vólogda, Serguéi Stárostin. Durante su estancia en la región de Vólogda, 400 kilómetros al norte de Moscú, el Rey se hospedó, según 'Kommersant', en la mansión "Glujarinni Dom" (Casa del Urogallo), donde suelen descansar personalidades rusas aficionadas a la caza. De acuerdo a las versiones de la prensa local, el monarca español llegó a Vólogda en un avión de la Fuerza Aérea tras reunirse a orillas del mar Negro con el presidente ruso, Vladimir Putin, con un séquito de 29 personas.

La valoración de Marlaska

"No es baladí que los artículos hagan referencia a un tema sobre el que existe, desde tiempo inmemorial, un debate social: el derecho de los animales y su confrontación con el ejercicio de la caza. No es baladí, más cuando es realizado por la máxima institución del Estado y en unas supuestas condiciones de manifiesta indefensión del animal", decía el juez Marlaska en su auto. El magistrado realizó una interpretación del derecho a la libertad de expresión y resaltó que esta es reflejo "de la grandeza del Estado de Derecho" y que permite "observar y percibir a la institución monárquica "como susceptible de crítica". Este hecho contribuía, en opinión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, a "engrandecer" a la Corona "haciéndola más cercana a la sociedad". "La sociedad, al objeto de favorecer su crecimiento democrático, debe permanecer abierta y receptiva tanto a la crítica como a la autocrítica", explicaba el auto.

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional, (STC 104/1986) señala que las libertades consagradas en el artículo 20 de la Constitución no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. El art. 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política.

En una conocida sentencia, relativa a una crítica al Rey con respecto a determinados aspectos del Mundial de Fútbol de 1982, donde se vertían palabras duras contra el monarca, en un artículo de prensa, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo a un periodista, condenado por injurias a la Corona (STC 20/1990), con los argumentos antes dichos y con este otro:

“Si las palabras despectivas para S.M. el Rey se han utilizado, contrariando sin duda el respecto debido a la más alta Magistratura del Estado, con la finalidad prevalente de robustecer la idea crítica que preside todo el artículo, tales palabras, rechazables moral y socialmente por innecesarias, injustas y contradictorias con una conducta que ha merecido la adhesión mayoritaria del pueblo español y que ha hecho posible la transición política y la consolidación democrática, según se reconoce incluso en el propio recurso de amparo, no pueden ser sancionadas con una condena penal sin vulnerar las libertades invocadas por el recurrente que, entendiendo hacer uso de las mismas dada la relevancia que desempeñan para la efectividad del régimen democrático y la amplitud con que por tal razón han sido interpretadas por la doctrina de este Tribunal, se ve privado de su libertad y de su profesión por expresar de forma censurable en el ámbito político y social, sus propias ideas, criterios y sentimientos acerca de un acontecimiento deportivo cuya crítica constituía la finalidad prevalente del artículo enjuiciado”
Es pues claro que, como primer funcionario del Estado, no existe impedimento constitucional para que la figura del Rey sea sometida a crítica, valoración, comentario u opinión, especialmente por parte de los periodistas, cuya función es precisamente proporcionar con solvencia y rigor los elementos necesarios para la conformación de la opinión pública que toda sociedad democrática necesita para existir como tal.

Cazar un oso borracho no es una acción ejemplar.

Criticarlo con humor no puede ser un delito.

La política Zapatero-Moratinos paso atrás en el caso Gibraltar

El Gobierno de Zapatero es el primero en la historia que no reivindica Gibraltar

Al haber admitido a los llanitos como tercer interlocutor les ha dado un estatus que no reconoce el Tratado de Utrecht


Los llanitos quieren ser andorranos, pero sin copríncipes. Dicen que si en Europa existen Andorra, Mónaco, San Marino, Liechtensten, Malta _que también fue colonia británica_ y Luxemburgo, ellos no quieren ser menos y que tienen todo lo que necesitan: un territorio y una población de 30.000 almas, cuyo presupuesto anual es, por cierto, como el de Vigo.

Esto es una bicoca: Gibraltar pretende, de momento, mantener su singular estatus como territorio dependiente del Reino Unido dentro de la CE. Pero en la roca no se aplica el IVA ni el CAP y se halla excluida de las tarifas aduaneras comunitarias. Gibraltar se ha convertido en uno de los mayores enclaves financieros del mundo y el primero de Europa: puerto franco, paraiso fiscal, resguardo del secreto bancario. Contra el pago de 225 libras anuales, y la condición de que no se efectúa ninguna transacción con gibraltareños, toda sociedad mercantil establecida en la roca vive un régimen de carencia impositiva total. Esto es jauja.

Miles de sociedades reales o fantasmas se benefician de esta situación singular. Es el gran blanqueadero de dinero negro de Europa. Todo el mundo lo sabe. Desde Gibraltar se controla ya gran parte del sector inmobiliario de Andalucía. La marca colonial cruza la verja. Los llanitos de a pie se compran una casa para el "week end" en la Costa del Sol. Las sociedades gibraltareñas compran la Costa del Sol.

Les gustaría ser un país más dentro de la CE o mantener su privilegiada situación. He ahí la novedad, "ni british for ever (británicos para siempre, como proclamaban antes las paredes de la roca) ni españoles nunca, gibraltareños", te repiten en los comercios de Main Street. En la calle comercial del enclave hay tantos letreros en castellano como en inglés. La gente es amable y no hallas el menor resquicio de gestos antiespañoles. (Han borrado algún que otro insulto contra nuestro Rey que había visto antes).

Se lo había advertido a Carlos III el Conde de Floridablanca: "Señor, hemos cedido en el asunto de Gibraltar, sólo por ahora. Debemos conseguir su devolución siempre que podamos, bien sea por la negociación o por la fuerza si hay guerra. La negociación exige sagacidad, constancia, tiempo y gastos". Sin duda el conde sabía lo que decía.

Una parte esencial de la publicidad turística gibraltareña se orienta hacia los visitantes que llegan de España y que sobrepasan elevadamente en número a los cruceristas británicos o a los que arriban en vuelo desde la metrópoli. Desde 1985, la colonia vive una etapa dorada. Desde diversos lugares de la Costa del Sol se organizan viajes turísticos en autobús con dos destinos preferentes: Gibraltar y la Escuela Española de Equitación y las Bodegas de Jerez.

Desde que se abrió la verja que en 1969 cerró Castiella, España no ha avanzado ni un paso.

Ahora, los residentes en Gibraltar pueden recibir asistencia en el hospital de La Línea y hay vuelos entre Madrid y la Roca. Los aviones de Iberia aterrizan con permiso en un trozo de España que fue usurpado al margen del Tratado de Utrecht. Por cierto que allí se dice que Gibraltar no tendrá comunicación por tierra con el territorio circunvecino.

Y gracias a la diplomacia Zapatero-Moratinos, los llanitos tienen voz, voto y reconocimiento jurídico junto a los ingleses. En este caso, España debería haber incorporado a los descendientes de los gibraltareños que dejaron el peñón cuando fue cedido a los británicos y que residen en San Roque.

Gibraltar, tan cerca, pero tan lejor

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Las cinco reglas del Protocolo en la empresa

Hay que acabar con el mimetismo de trasladar los vectores del protocolo oficial al de empresa y recuperar plenamente el sentido del anfitrión en este tipo de eventos. La diferencia más acusada entre el Protocolo Oficial y el Protocolo de Empresa es que mientras aquél ofrece siempre una pauta de referencia (el Real Decreto 2099/83 de Precedencias del Estado) para resolver todas las situaciones, tales reglas no existen en el de las instituciones privadas, incluso cuando, como es aconsejable, dispongan de su propio manual. Cada día se presentan situaciones nuevas que es preciso resolver cuidando de que todo resulte bien y nadie se sienta en modo alguno preterido o inadecuadamente tratado.

(En los actos de Unión Fenosa, como aparece en la foto, el presidente ejerce su papel relevante de anfitrión sin titubeos)

Imaginemos que en una empresa industrial se va a inaugurar una nueva línea de fabricación de componentes del automóvil. El presidente del consejo invita a la ministra de Igualdad por ser natural del lugar y una vieja conocida. El Ministerio de Industria envía a un Director General directamente relacionado con I + D. ¿Debe presidir la ministra o el director general? No debe presidir ninguno, si no el anfitrión, el presidente del Consejo de Administración. A la ministra le daremos tratamiento VIP, colocándola de modo destacado como invitada de honor, pero será el director general quien ostente la representaciòn especializada de la Administración. Hay que aplicar las reglas de la especialización y el equilibrio, nadie se debe sentir preterido y hemos destacar la valencia de cada uno; pero el anfitrión debe ejercer como tal en todo momento. Y si alguien tiene que hablar en nombre del Ministerio de Industria será obviamente quien lo represente.


Reglas para resolver situaciones

Primero: La regla de la especialización. El adecuado “Peinado”

Es decir, la confección de una serie de listas de autoridades y representaciones, según la naturaleza del acto a ordenar. Cada lista debe expurgarse previamente antes de ser cruzada con otra. Por ejemplo: en la inauguración de una exposición de los fondos pictóricos de un Banco, es decir de una actividad cultural, no cabe duda de que debe cuidarse que todas las asociaciones y entidades de este ámbito estén representadas. No necesariamente hay que invitar a todos a todo. Por lo tanto, hay que adecuar el acto a su verdadero sentido y dimensión, resaltando la representación más acorde con su propia naturaleza, dentro de unos límites razonables, entre otras cosas, al propio espacio.

Los especialistas de Protocolo denominan a esta técnica “Peinado”; es decir, cuando deben combinar una o varias listas de personalidades a invitar a un evento, generalmente cuando se trata de autoridades públicas y privadas. El “peinado” consiste en la adecuada combinación de ambas listas, aplicando a su vez el principio de “Analogía”; es decir, la similitud entre el nivel de una autoridad pública y una personalidad privada de la propia empresa o invitada. En un acto de la Fundación Cultural de un banco hemos de dar preferencia a las personalidades del mundo de la cultura sobre el resto de la sociedad.

Segundo: La regla de la ponderación

Aplicando criterios de evaluación de la valencia de cada entidad o representante en función de la propia importancia objetiva y representatividad de la institución o la persona que vamos a colocar en una lista de protocolo. Por ejemplo, en una ciudad marítima, la autoridad portuaria es un personaje relevante; pero también lo puede ser en un pequeño pueblo el director del hospital comarcal. En un determinado contexto, una personalidad o representación puede poseer un carácter del que carezca en otro. El contexto pondera o reduce la importancia de cada persona.

Tercero: La regla del equilibrio

Además de las autoridades tradicionales, las representaciones de la vida civil deben ser adecuadamente tratadas y ordenadas con criterios de escrupulosa cortesía. En todo caso, el presidente de la Cooperativa de Armadores del puerto de Vigo es mucho más importante que el comandante de Marina en un acto relacionado con la actividad económica de la ciudad. Salta a la vista o, incluso, que el capitán marítimo del puerto –autoridad oficial ahora en este ámbito- es un representante administrativo a estos efectos. Estos dos últimos son meras autoridades delegadas del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Transportes, respectivamente, pero el presidente de los armadores es un cargo electivo de una institución que aglutina a todas las empresas pesqueras del primer puerto de Europa en esta especialidad. Tiene una doble valencia, la que la da el carácter de se elegido y la que objetivamente posee la entidad que representa. Algunas autoridades o representaciones suelen ser invitados por pura rutina, porque figuran en el listado oficial, y se olvidan a personas realmente representativas que no lo están. Luego, esa lista de autoridades públicas de debe expurgar y sustituir a quienes figuran en la misma por personajes de la vida civil realmente representativos; es decir, se deben “equilibrar” las listas, aplicando la regla del equilibrio.

Cuarto: La regla de la vinculación

Es de sentido común que, si el presidente de la Cámara de Comercio o una determinada empresa patrocinan una actividad de una entidad pública, el representante de aquella corporación o de la empresa en cuestión, han de ser colocados, en su caso, en lugar preferente dentro del acto oficial de que se trate. Ocurre con frecuencia, por ejemplo, cuando una entidad privada o mercantil sufraga los gastos de recuperación de un monumento o de cualquier otra pieza del patrimonio nacional, regional o local. En el Protocolo inglés este aspecto se cuida mucho: un patrocinador generoso puede llegar a ser colocado incluso muy cerca de la mismísima Reina.


Quinto: La regla de la tradición

Cierto que el Reino de España es un estado aconfesional y que en el Protocolo oficial no se contempla ni prevé dónde colocar a las autoridades eclesiásticas. Pero, ¿como puede ignorar el Ayuntamiento de Compostela al arzobispo de la ciudad, que fue, además, el señor de la urbe? ¿O cómo puede ignorarlo la Universidad de Santiago, que fue fundada, precisamente, por un antepasado del actual arzobispo? Por lo tanto, a falta de norma reglada, la tradición acude en nuestro socorro, con el refuerzo de que en el propio ámbito de lo jurídico, costumbres y tradiciones son fuentes de Derecho.

Lo mismo ocurre con las viejas tradiciones de bendecir los locales de una nueva empresa como parte del ceremonial de su acto de inauguración.

Estas cinco reglas, o criterios de reflexión, no pretenden ser un prontuario, sino una simple guía de razonamiento para aplicar, según el caso, a cada situación concreta. Ni quieren ser exhaustivas ni se agotan en su propia exposición. Son un mero apunte para el debate permanente. Lo dicho, el Protocolo no es una ciencia exacta. Pero hemos de hacerla lo más aproximada posible al ideal de lo correcto en cada caso.

La enseña tricolor no es un símbolo ilegal, aunque lo afirme Bono

Una propuesta de bandera para la III República

¿Desde cuándo la enseña de la República es un símbolo ilegal? ¿Existe alguna disposición, norma, decreto, ley o resolución que lo establezca? La bandera tricolor representa dos cosas: es el símbolo de un Estado de Derecho que, pese a sus errores, excesos, inhibiciones y desastres fue violentamente abrogado por una guerra civil, cuyo vencedor instituyó un reino y estableció una monarquía ex novo al frente de la cual colocó a su sucesor a título de rey. Este sucesor cierto que renunció a gran parte de sus prerrogativas y nos otorgó una Constitución –que no se vio obligado a jurar y en la que no se dice que él es el Rey por ser la misma origen de su legitimidad-, sin que los españoles pudiésemos pronunciarnos sobre la forma de la jefatura y la estructura misma del Estado. Y, además, o en segundo lugar, la bandera tricolor representa simbólicamente la legítima aspiración de miles de ciudadanos de instaurar un régimen en que cualquiera de ellos pueda alcanzar la máxima magistratura del país, ahora patrimonio de una familia.
No deja de ser una curiosa paradoja que ahora que andamos a vueltas con lo de la memoria histórica, el presidente del Congreso de los Diputados, del mismo partido revisionista, reprenda tan severamente a un grupo de viejecitos que aplauden entusiasmados cuando uno de ellos exhibe la bandera tricolor en un acto homenaje a las víctimas del franquismo. A Bono, hijo de falangista madrugador le traiciona el subconsciente. La bandera de la República es un símbolo histórico, un símbolo político, pero no una enseña ilegal en la España del 2008.
Podemos discutir si fue oportuno exhibirla en esta ocasión, pero no desde luego en aquel marco de donde fue violentamente arrancada. Una muestra más del precio pagado por la reforma del franquismo que ahora se denota, y no de la ruptura necesaria. Esto pasa por obviar al régimen democrático barrido en la guerra civil y que, con todas las prevenciones antedichas, era un régimen legal.
Hace unos días, yo mismo, con otros veteranos de hace 40 años de la milicia universitaria, soldados de reemplazo y voluntarios de 1968, volvimos a renovar sentimentalmente nuestro juramente de fidelidad a la bandera. La que nosotros juramos era la oficial de España en 1968, con el águila de San Juan o de los Reyes Católicos, que ahora se condena como símbolo franquista o pre constitucional. La que ahora volvimos a abrazar es la vigente, orlada por la corona real y el mayor elemento visual de la decadencia española: el rosetón (que en todo caso debería ser escusón) con las armas francesas sobre la de España, las lises de los Capetos.
Si la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, y el Rey nombrado por Franco ya no es el soberano, ¿por qué las armas de los Bourbones sobre las de la nación española?
En este terreno es todo tan relativo. Muchos ciudadanos, profundamente republicanos, como me declaro, no tenemos ni hemos tenido nunca problema en asumir como bandera de todos, la enseña oficial, sin dejar de llevar en el corazón el anhelo de lo que representa la enseña tricolor. A los hechos me remito.
Es interesante en este sentido la propuesta de diseño para la III República que, sin duda, habrá de llegar antes que tarde. En esa bandera se retiran las coronas de las columnas de Hércules y se sustituye la corona cimera real por la mural republicana, al tiempo que se borran los símbolos borbónicos sobreexpuestos a las armas de la nación. El resto no cambia.
Hay que evitar en el futuro colisiones innecesarias por símbolos que pueden ser fácilmente superados, proponiendo soluciones eclécticas y realistas que todos podamos asumir. Lo importante es que los españoles recuperemos la soberanía plena. Será también el momento de dotarnos de un himno nacional que nos congregue a todos frente a las notas de la marcha granadera que no tenía otra finalidad que indicar la presencia de los reyes y saludarlos. La marcha real es un falso himno nacional, porque los himnos se cantan y surgen del pueblo.
Pero mientras ese día llega, mostrar la bandera de la República es una expresión legítima y en libertad de un sentimiento mucho más extendido de lo que pudiera parecer.
El tiempo lo dirá.
Desde luego, diga lo que diga Bono, no es un acto ilegal